Por decreto militariza el presidente López Obrador la seguridad pública en México: El acuerdo levanta polémica entre expertos, que debaten en redes si la medida representa un nuevo avance en la ampliación de atribuciones para las Fuerzas Armadas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo en el que ordena al Ejército y la Marina mantenerse en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.

“Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación este lunes 11 de mayo.

El acuerdo precisa que el desempeño de las Fuerzas Armadas en seguridad pública no excedará de los cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del decreto que regula a la nueva Guardia Nacional, policía militarizada que fue creada por López Obrador, con autorización del Congreso, para combatir a la delincuencia organizada.

El mandatario mexicano justificó esta medida alegando que “la conformación y el desarrollo de las capacidades” de la Guardia Nacional “requieren de un período de implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo”.

El decreto implica que las Fuerzas Armadas estarán en las calles haciendo labores de seguridad pública hasta el 26 de marzo de 2024. La medida que fue cuestionada por académicos, políticos y activistas.

Para la experta en derecho e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Catalina Pérez Correa, el decreto firmado por López Obrador representa un paso más en la militarización del país, menciona RT Noticias en Español en su edición electrónica de este lunes 11 de mayo.

“AMLO aprovecha la epidemia para darle atribuciones por fuera de la Constitución a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. No fue suficiente la Guardia Nacional militar, que tantas veces dijo que resolvería la crisis. Ningún presidente ha hecho tanto daño a la relación cívico-militar”, señaló la investigadora e integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra, que se ha opuesto al uso de militares en tareas de seguridad.

Sin embargo, el especialista Raúl Zepeda Gil, sociólogo experto en temas de seguridad y doctorante en el King’s College de Londres, explicó a través de Twitter que el decreto es un mero formalismo que quedó de manifiesto desde que el Congreso aprobó, con apoyo de todos los partidos políticos, la reforma legal que dio pie a la creación de la Guardia Nacional en 2019.

En este sentido, Zepeda considera que la manera en que quedó redactada la iniciativa que aprobó la Guardia Nacional, deja resquicios legales ambiguos que pueden generar confusión.

El asunto generó una oleada de críticas por parte de analistas y sectores ubicados a la derecha y la izquierda del espectro político.

La medida ha desatado polémica porque una de las principales promesas de campaña de López Obrador, en 2018, era hacer que los militares regresaran a los cuarteles.

Ovidio Guzmán López, cuando capturado por la milicia mexicana en Culiacán, Sinaloa, y luego liberado bajo el argumento del gobierno mexicano de que se vio precisado a evitar un baño de sangre, ya que sicarios del Cártel de Sinaloa se movilizaron tras la detención del hijo de “El Chapo” Guzmán Loera y secuestraron a militares, además de que amenazaron con atacar una la unidad habitacional de la milicia en la ciudad culiche

Sin embargo, el Ejército ha tenido un papel central en las labores de seguridad, tal como se evidenció durante el operativo en el que se capturó y luego liberó  a Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Cuando se creó la Guardia Nacional, el experto en política antidrogas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Luis Velasco, , hizo la observación de que el proyecto político de López Obrador se ha apoyado en los militares con el objetivo de reconstruir un Estado mexicano en crisis, por lo que sus labores van más allá de las tareas de seguridad pública.

De enero a marzo de 2020, se registraron en México 8 mil 585 homicidios dolosos, una cifra ligeramente superior a los 8 mil 535 asesinatos cometidos en el mismo periodo de 2019, considerado el año más violento en la historia reciente del país.

En un informe reciente, el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) señaló que la violencia en México en 2019 tuvo un impacto económico de 4,57 billones de pesos (unos 238.000 millones de dólares).

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| HECHO DIGITAL | CDMX | 11-V-2020 |