El caso Bartlett es la oportunidad para que lo demuestre el actual Gobierno Federal: Hay que ir más allá del discurso

POR XÓCHITL GÁLVEZ (1)

No es justo que, por un lado, el Gobierno Federal pretenda imponer un discurso de cero corrupción, y por otro, establezca una política de “borrón y cuenta nueva” a funcionarios que durante años sirvieron a otras administraciones. No por servir al actual gobierno son impolutos. Eso sucedió con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz.

El pasado 21 de diciembre, previo a las vacaciones de fin de año, la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que el servidor público no había incurrido en conflicto de interés, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés o tráfico de influencias.

Argumentó que adquirió obligaciones a partir del 1 de diciembre de 2018 como director de la CFE, por lo que la Secretaría a su cargo sólo podía investigar a partir de esa fecha.

Es absurdo, no compartimos con la secretaria Sandoval este criterio. Esa afirmación es un precedente peligroso para todas las investigaciones que se estén llevando a cabo a servidores públicos que trabajaron en las anteriores administraciones.

Significa el establecimiento de una política que alienta la impunidad en quienes hayan cometido actos de corrupción en el servicio público antes del 1 de diciembre de 2018.

El titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, y el presidente Andrés Manuel López Obrador

Los ciudadanos demandan otra respuesta, por ello solicité a la titular de la Función Pública realice una investigación de la evolución patrimonial del licenciado Bartlett, la cual determinaría si sus ingresos percibidos durante los 37 años como servidor público coinciden con los recursos declarados por el mismo y que, según esa dependencia, alcanzan una suma de 51.1 millones en cuentas bancarias.

La investigación que se realizó no es el único instrumento con que cuenta esa Secretaría para determinar si incurrió o no en actos de corrupción durante su trayectoria como servidor público. Los artículos 30, 31, 36 y 41 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas facultan a la SFP para realizar dicha investigación sobre la evolución patrimonial.

Parecería que Manuel Bartlett es el más claro ejemplo de las incongruencias del actual gobierno. Una muestra muy nítida de que, para la administración pública federal, la vara para medir conflictos de interés y corrupción es relativa y se usa a conveniencia.

No se pretende culpar a un servidor público de manera anticipada, tampoco se quiere elevar la ira de funcionarios federales, quienes dicen que las críticas les “hacen lo que el viento a Juárez”, lo que se demanda es una investigación creíble, que cuente con los elementos necesarios para disipar dudas.

Por ello, presenté también un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que se exhorte al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, a fin de que informe a la Comisión Permanente del estado que guarda la denuncia presentada con motivo del reportaje que presentó el periodista Carlos Loret, el pasado 28 de agosto de 2019.

Es momento de ser congruentes y de ir más allá del discurso.— (Artículo publicado en la web del diario “El Heraldo de México”, con el encabezado “La incongruencia de la 4T” y el sumario “La ley faculta a la Secretaría de la Función Pública para realizar una investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Bartlett Díaz” – Cartón tomado de “El Anden MX” – 10/I/2020)

(1) Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, es articulista invitada del diario “El Heraldo de México”