Adelanta la historia su juicio al gobierno de Carlos Joaquín: El peor y más infame en la corta historia del Estado

Código Capital, “La columna de columnistas” reúne los trabajos de varios de los principales articulistas de prensa del Estado de Quintana Roo.

HECHO DIGITAL presenta la edición correspondiente a la presente cuarta semana de febrero de 2020 

World Justice Project confirma Estado fallido a Quintana Roo

POR VICTORIANO ROBLES CRUZ

Las debilidades institucionales, ya reseñadas mensualmente por diversas empresas encuestadoras nacionales, ahora, con la emisión del Índice de Estado de Derecho 2019-2020, reafirma la evaluación de los quintanarroenses, en el desempeño del autodenominado gobierno del cambio.

¿Cómo desmentir el mal gobierno que tenemos los quintanarroenses? El peor en la corta historia de vida independiente y soberana.

Nunca antes los quintanarroenses habíamos observado tan mal desempeño de las autoridades del gobierno estatal.

Los Estados con los puntajes más altos en el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 fueron Yucatán (0.46), Aguascalientes (0.45) y Zacatecas (0.43).

Los Estados en los lugares más bajos fueron Guerrero (0.33), Puebla (0.35), y Quintana Roo (0.35).

El peor escenario nos lo ofrecen los puntajes del Factor 5 (Orden y seguridad), que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, y en el que Quintana Roo descendió terriblemente.

Ahora estamos peor que cuando inició el gobierno en 2016. Las incapacidades están al descubierto, la temible corrupción destroza y las ilegalidades permean. ¡Todo un gobierno fallido!


No hay Estado de Derecho

POR JULIÁN SANTIESTEBAN

El Índice de Estado de Derecho 2019-2020 ha sido dado a conocer recientemente y los resultados no son nada halagüeños para Quintana Roo, pues junto con Puebla y Guerrero, se encuentra entre las tres peores entidades del país con desempeño institucional y en las cuales prevalece  la violencia, corrupción e impunidad.

Los indicadores medidos son ocho: “límites al poder gubernamental”, “ausencia de corrupción”, “gobierno abierto”, “derechos fundamentales”, “orden y seguridad”, “cumplimiento regulatorio”, “justicia civil” y “justicia penal”.

El documento está dirigido a tomadores de decisiones, destacando las debilidades para generar fortalezas, con un enfoque académico, similar a los estudios que ya realiza la organización World Justice Project en más de 120 países.

El estudio nacional, realizado por segundo año consecutivo, destaca que, en la segunda medición:

·         19 Estados empeoraron su capacidad para garantizar la seguridad de las personas y sus propiedades

·         15 redujeron los puntajes generales y, en términos generales

·          26 entidades mejoraron lo relacionado a los límites al poder gubernamental, a partir de la generación de contrapesos.

El documento lo expresa ampliamente: La corrupción estatal es de gran preocupación y la falta de acceso a la justicia el gran pendiente.

Lo valioso de la información es que no sólo se basa en las más de 25 mil 600 entrevistas aplicadas a ciudadanos y expertos en las temáticas medidas, sino en las fuentes institucionales y académicas que generan información sobre los indicadores medidos –esto, por cierto, con más de 600 variables generadas–; ni cómo desestimar los resultados pues.

Mejorías y retrocesos hubo, en algunos sólo mejorías y en los tres Estados mencionados al principio sólo retrocesos, junto con Morelos, Ciudad de México, Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, San Luis Potosí, Michoacán Baja California y Zacatecas.

Quintana Roo tuvo su peor retroceso en seguridad, el peor, tan sólo detrás de Sonora.

El mensaje es claro.


Curarse en salud

POR GRACIELA MACHUCA MARTÍNEZ

El Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Manuel Israel Alamilla Ceballos

La modalidad que en últimas fechas ha adoptado el inefable Oficial Mayor de Gobierno del Estado, Manuel Alamilla Ceballos, de contratar una cámara para lucir con uniforme sus visitas a nombre del gobernador, en las dependencias del Gobierno del Estado, para exhibir las carencias de viva voz de los empleados, no sólo expone a los propios quejosos, también es una especie de chantaje por los posibles cambios en el gabinete estatal anunciados por Carlos Joaquín, en los que, se dice, el propio Alamilla saldría primero y ya no tendría con qué terminar sus negocios emprendidos desde el cargo que ostenta desde 2016.

Tener aspiraciones políticas es legítimo en el hasta hoy Oficial Mayor Alamilla Ceballos, lo que no es legal ni legitimo es que utilice dinero público para lucir con cámaras pagadas y exhibir a su propio jefe que es el Gobernador.

La soberbia de este personaje ha humillado a más de una decena de personas, cuando se niegan a hacer negocios con él, como el caso de los uniformes, el acoso a empleadas y un largo etcétera, situación que los partidos políticos están dejando pasar sin pena ni gloria.

No se entiende tal modalidad de este cuatrapeado funcionario, que más que distraer ¡da pena!


El PRI se niega a despertar del coma

POR JAVIER CHÁVEZ ATAXCA

Humillado a partir de 2016 –cuando entregaron la gubernatura y alcaldías como la capitalina y la de Playa del Carmen–, el PRI se niega a abandonar su estado de coma, disfrutando su desgracia que los mantiene fuera de competencia.

Candy Ayuso Achach y José Alberto Alonso Ovando han tenido un desangelado arranque como nueva presidenta y secretario general del priísmo quintanarroense

Dos tristes alcaldías conservan, en Cozumel e Isla Mujeres, con alcaldes distantes, y una dirigencia estatal y municipal sin plan de vuelo, que se niega a atizar los temas de patio para colocar contra las cuerdas a Morena, el mayor adversario que se desplaza hinchado de triunfalismo, dando por hecho que ganará por aparecer en la boleta en 2021.

Morena se ha puesto de pechito en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún, pero el PRI se niega a ser adversario y el PAN no aprovecha su oportunidad quizá irrepetible, en una batalla preliminar  para el encontronazo por la gubernatura en 2022. — (Textos de colaboración para HECHO DIGITAL – 21/II/2020)