Con los planes del Ejecutivo de reformar el sistema de impartición y procuración de justicia: Severo retroceso

POR ENRIQUE RODRÍGUEZ

Previo al anuncio de la presentación del paquete de iniciativas para reformar el sistema de impartición y procuración de justicia, han circulado los borradores de diversos ordenamientos que provocan inquietudes fundadas.

Todo estaba listo para que el 15 de enero se presentaran las propuestas; se decidió de último momento posponerlo y las interpretaciones del cambio de fecha para el 1 de febrero abren la posibilidad de meditar sobre algunos aspectos que significarían una regresión.

El aplazamiento hace suponer que existen diferencias de criterio entre los legisladores de Morena, la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Para estas iniciativas no se consultó a la Suprema Corte, tema que aún se puede subsanar, aunque sea para guardar las apariencias.

Los documentos que han trascendido plantean la creación de un tribunal especializado, integrado por jueces designados por el Senado para resolver los procedimientos en que juzgadores federales sean señalados por la comisión de ilícitos, desplazando la facultad disciplinaria que tiene la Judicatura Federal, cuyo titular es el presidente de la Corte.

La Judicatura Federal

De confirmarse, estaríamos frente a una vulneración de la división y autonomía de Poderes para permitir que jueces nombrados por el Legislativo juzguen a impartidores de justicia del Judicial, una gran aberración.

Otra preocupación es la intención de flexibilizar la calificación de prueba ilícita, lo que permitiría validar conductas irregulares en un procedimiento penal causando un severo retroceso en materia de derechos humanos.

La posibilidad de que se vuelva a tipificar la difamación, ahora como delito contra la cultura cívica, figura que fue erradicada en 2007 por considerar que formalizaba un mecanismo para acotar la libertad de expresión.

La consolidación del arraigo para poder ser detenido hasta por 40 días sin una acusación formal sobre delitos que no sólo sean considerados como delincuencia organizada; la eliminación de jueces de control para que un solo operador determine la detención, dicte medidas cautelares, juzgue y sentencie.

En total reformas a 14 artículos de la Constitución, cambios en el código penal nacional y de procedimientos para acabar con el Sistema Penal Acusatorio, cuando aún no termina de cuajar. Una serie de medidas que empoderan al Ministerio Público y nos regresan a estrategias que ya probaron su fracaso en un pasado represor. Nadie puede negar la necesidad de una sacudida, pero algunos de los cambios planteados harían más grave la situación.

Aún hay tiempo para reflexionar.

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EDICTOS

En medio de la peor crisis de inseguridad en años recientes y el colapso del sistema público de salud provocado por la creación del Insabi, el Presidente López Obrador maneja con maestría el distractor del invendible avión presidencial.— (Tema de la columna “Libertad bajo palabra”, publicada en la web del diario “El Heraldo de México”, de CDMX, con el encabezado “Volvemos al pasado y nos dan el avión” y el sumario “Buscan cambios en el código penal para acabar con el Sistema Acusatorio, cuando este aún no termina de cuajar” – 19/I/2020)