Los problemas de la administración de AMLO y la compleja relación estratégica con EU
WILBERT TORRE
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumple un año en unos días.
El saldo es dual.
En un extremo sobresalen los símbolos del obradorismo: el aumento al salario mínimo, la batalla contra la corrupción y una inversión histórica en gasto social, y en el otro el agravamiento de la violencia, el estancamiento de la economía y una administración pública que no termina de encarrilarse, enredada por los cambios adoptados para romper con los modelos instaurados en el pasado.
Los problemas que enfrenta el gobierno partieron de la idea de que la administración pública estaba atestada de corrupción y que era necesario cancelar y crear nuevos programas y políticas públicas.
La decisión comprendía riesgos. En lugar de que la tendencia fuese hacer las cosas funcionales desde un principio para detectar y corregir sobre la marcha, se optó por hacerlas de nueva cuenta, aunque de inicio no fueran funcionales.
Se apostó a que con el tiempo la administración del gobierno se corregiría, pero no ha sucedido. La Ley de Austeridad es un ejemplo de cómo el gobierno del presidente López Obrador optó por un símbolo político —la frugalidad como espíritu—, que no parecía una mala idea ante los excesos e ilegalidades documentadas en los regímenes anteriores, y no por la funcionalidad que requería un gobierno nuevo, sin experiencia, recursos humanos y “fierros” en la administración pública federal para atacar el complejo tema de la inseguridad.

La lógica política que se impuso consistió en demostrar que un gobierno no debía ser oneroso como los anteriores.
El problema es que las instituciones existentes son entes vivos y por ellos transcurren asuntos, conexiones y relaciones con vínculos no solamente entre instituciones nacionales, sino con las de otros países con los que existen acuerdos y lazos de trabajo y comunicación.
Hay ejemplos documentados de cómo el desmontaje de áreas importantes del gobierno —más de 8 mil trabajadores despedidos— impactó esas conexiones y relaciones.
Quizá la medida de austeridad más relevante por su dimensión es el recorte y el subejercicio del presupuesto en la industria de la construcción orientados por dos objetivos: eliminar la corrupción en el sector y resolver el problema de la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, que ninguna compañía aceptó realizar en los tiempos y bajo el dinero que el gobierno consideró.
El resultado: entre enero y agosto la producción de la industria de la construcción cayó 6.6%, el personal descendió 4.2% y las horas trabajadas se redujeron 4%. Esto tuvo una incidencia en la caída del empleo y la desaceleración de la economía.
Hay otras áreas afectadas más sensibles, como la suspensión en la compra de medicamentos, que afectó a miles de derecho habientes pobres, y partes que han quedado sueltas en la estratégica y compleja relación con Estados Unidos, que incluye el espinoso tema de la seguridad.
Cuántas áreas importantes y que cumplían con un trabajo estratégico han sido reducidas drásticamente o desaparecido en el gobierno del presidente López Obrador?
A un año del cambio de poderes, el gobierno resiente los efectos de la austeridad y la supresión de oficinas y programas. En todas las instituciones hay distintos problemas de administración.

Se espera que el sacrificio valga la pena y que esos recursos se destinen a iniciativas prioritarias del Presidente, como programas sociales; pero éstos, con todo y la inversión histórica que han recibido en la Cuarta Transformación, también se han afectado por la política de austeridad o por errores de planeación que abollaron el programa estrella de la administración: Jóvenes Construyendo el Futuro, que tuvo una reducción de 35 por ciento.
Hay otras áreas sensibles que han resentido efectos en distinta dimensión. Una de las decisiones con más alcance social tiene que ver con la distribución de medicamentos. El gobierno decidió hacerse cargo del reparto que por casi tres décadas descansó en empresas que crecieron y construyeron infraestructura para almacenar y entregar, con la idea de impedir el aumento indebido en precios, contener prácticas monopólicas y eliminar costos de distribución.
El resultado es un sistema precario. En septiembre, AMLO aludió a las protestas contra la austeridad y el nuevo esquema de distribución. “Me estaban fastidiando que faltaban las medicinas, que la austeridad, no sé cuántas cosas más. Ya les voy a contar cómo gastaban antes y les mostré unas facturas. Una vez fueron a un viaje a un país y compraron del Estado Mayor más de mil rastrillos”.
La revelación del Presidente es importante. ¿Se va a investigar ese suceso? ¿Remedia el desabasto este supuesto acto de corrupción? Dijo que quiere que las medicinas se repartan igual que la Coca Cola distribuye refrescos. ¿Cómo se resolverá la preservación adecuada de medicamentos?
Los problemas en la administración tienen efectos riesgosos en otras áreas, como la estratégica y compleja relación con EU. Se redujeron oficinas y recursos en el área de protección a migrantes y en las tareas de cabildeo. Gracias a esas tareas, Salinas rectificó a tiempo, luego de apoyar la candidatura de Clinton ante Bush, y después convencer al presidente estadounidense de firmar el TLC. Esa tarea hoy está desactivada o reducida, con resultados inmediatos en el endurecimiento del tono y la narrativa de sectores radicales en EU con los que se mantenía una comunicación estratégica.
El senador Tom Cotton dijo que “si el gobierno mexicano no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, en Estados Unidos tal vez tengamos que tomar las cosas en nuestras manos”. Esas posiciones radicales, con Trump en la Casa Blanca, son peligrosísimas. (Tomado de “El Heraldo de México” – 25/11/2019)