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Poco a poco, gobiernos estatales y municipales llevan a la ruina, vía el cobro de nuevos impuestos, a firmas como Uber
Da coraje comprobar cómo servicios acogidos por la sociedad con fines de ahorro y confort son “destruidos” por la casta burocrática que sólo piensa en cobrar impuestos para poder costear gobiernos ineficientes y derrochadores.
Ahí tenemos el caso de Uber, Didi y otros servicios de transporte privado que, con imaginación, compiten ventajosamente con el taxi convencional, cuyos operadores se resisten, en su mayoría, a flexibilizar cuotas y modernizar unidades y modificar la forma de atender al usuario.
Nuevo León, por ejemplo, está por sumarse a los Estados que cobrarían un ´´impuesto´´ de 1.5 % por cada viaje que se realicen en taxis de aplicación tipo Uber, DiDi, Bolt y Beat.
La “maraña burocrática” establece que el pago de ese “impuesto” tendrán que realizarlo las empresas de plataformas móviles y no se deberá cargar a los pasajeros, aunque no se establecen candados para que eso no suceda.
Además, se les exigirá que cumplan con una verificación vehicular, en términos definidos por un nuevo Instituto de Movilidad.
Así, se crea la figura de “Servicio de Transporte Individual de Alquiler Privado” y se les obliga a cumplir requisitos como la licencia de chofer, examen de capacidad y toxicológicos, contar con póliza de seguro, una antigüedad del vehículo no mayor a seis años, placas vigentes y otros.
La Ley de Movilidad de Nuevo León, asimismo, obliga a los taxis de concesión (tradicionales) a modernizarse, pues les pide operar mediante aplicaciones de internet que registren los pedidos de los pasajeros, desplazamientos y ubicación mediante GPS.
La legislación también incluye la creación del Instituto de Movilidad, el cual sustituirá a la Agencia Estatal del Transporte y la cabeza será nombrada por el gobernador en turno.
Como se ve, será creado un enorme pulpo burocrático que lo único que logrará es encarecer un servicio hasta arruinarlo,
Por tanto, los beneficios de Uber y otros similares se irán al caño por una ley absurda creada por burócratas que sólo están pensando cómo “exprimir” a potenciales causantes.
De visita en Mérida, a principios de este diciembre de 2019, HECHO DIGITAL comprobó con un servicio al azar cómo la tarifa “dinámica” de 111 pesos de Uber bajó a $66 ($45 menos).
¿Cómo fue posible tal reducción en cuestión de segundos, sin una “obesa” burocracia de por medio?
Pues porque el operador era un estudiante de Derecho que reside cerca del cliente al que sirvió en esa ocasión.
Sólo por esa causa, el que redujo la tarifa, dedujo del monto el gasto en gasolina que ya no realizó.
El operador utilizó para el servicio un vehículo KIA de modelo reciente.
Sin embargo, si el patrón (la plataforma móvil) o el operador tienen que hacer gastos múltiples para ajustarse a una ley absurda, entonces el ahorro para el usuario se esfuma.
Y como el usuario es el que tiene que erogar los crecientes costos, entonces un servicio novedoso pierde su atractivo y se vuelve oneroso para un cliente que no tiene los recursos para pagarlo.
Como quien dice, los gobiernos tienen la fórmula “mágica” (la fiscal, por supuesto) para matar las “gallinas de los huevos de oro”.— (Redacción de HECHO DIGITAL – 19/XII/2019)
